Puedes ser arrestado por buscar en Google cualquier cosa ilegal. Primer arresto de este tipo

Google siempre se ha mostrado como una compañía dispuesta a colaborar con las fuerzas del orden, aunque esto genere críticas de un sector de usuarios y expertos que consideran que esta práctica afecta a muchos usuarios.

En esta ocasión las críticas se deben a un informe presentado por el periodista Robert Snell en el que se menciona que Google ha entregado a las autoridades listas de direcciones IP de usuarios que buscaron una dirección específica poco antes de que alguien incendiara el auto de un testigo protegido en un caso de abuso sexual.  Esta solicitud de información derivó en el arresto de Michael Williams, allegado al individuo acusado en este caso criminal.

Los agentes usaron esta información para vincular las direcciones IP al número de teléfono de Williams; después de obtener una orden, accedieron a sus datos de Google, descubriendo que el individuo había realizado búsquedas en Internet “relacionadas con la intimidación de testigos y para buscar datos sobre países sin tratados de extradición con Estados Unidos”.

Los investigadores también obtuvieron una orden de registro para obtener información de Verizon, detectando que el teléfono de Williams había registrado una visita a Kissimmee, Florida, donde reside el testigo.

Al respecto, la defensa de Williams ya ha expresado sus intenciones de impugnar la orden obtenida por los investigadores al considerar que es una violación a los derechos humanos del individuo. Cabe señalar que una orden de registro es emitida solo cuando se dirigen a un usuario en específico, mientras que la orden utilizada por los investigadores planteaba un escenario ambiguo que les permitía investigar a más de una persona.

Especialistas consideran que esta es una violación a la Cuarta Enmienda Constitucional de Estados Unidos, donde se establece que los ciudadanos no podrán ser objeto de un registro demasiado amplio. En antecedentes similares, jueces en distintos estados han dictaminado que estas prácticas deben ser consideradas violatorias de derechos humanos, sin importar que se obtenga información útil en investigaciones criminales.